En Monterrey, México, un grupo social de algunas familias de la burguesía industrial monopoliza el poder económico y político. Los concejales adoptan decisiones urbanísticas que corresponden a los intereses de los promotores inmobiliarios que forman parte de esta élite. En un contexto de financiarización del sector inmobiliario, los proyectos recientes son complejos multifuncionales cerrados que promueven una ciudad basada en los círculos internos y la privatización de los espacios urbanos.