El desarrollo exponencial del alquiler vacacional, o de corto plazo, facilitado por plataformas digitales como Airbnb, se ha convertido en los últimos años en uno de los temas más polémicos en las grandes ciudades europeas. A partir de un estudio sobre la regulación del alquiler vacacional en una decena de grandes ciudades europeas, se analizan los procesos de politización de este fenómeno, las medidas de regulación y de control que se han impulsado, su aplicación y la difícil gobernanza de las nuevas plataformas de la economía digital. En el contexto europeo, las respuestas de los gobiernos municipales han sido muy diversas. Algunos han tomado fuertes medidas regulatorias para prohibir o frenar el crecimiento del alquiler vacacional. Otros han tratado de buscar un punto medio entre la protección del uso residencial, la atracción turística de la ciudad y el “derecho a compartir” una residencia principal. Algunas ciudades han optado por una regulación mínima, y otras ciudades todavía no han adoptado medidas específicas. Esta diversidad de modos de regulación se puede explicar por tres factores (Aguilera et al., 2019): el tipo de actores que politizaron el tema y lo enmarcaron dentro de un sector de políticas públicas específico; los instrumentos preexistentes utilizados en ese sector; y la distribución de competencias entre el nivel municipal y niveles de gobierno de rango superior. Sin embargo, la aplicación de las nuevas regulaciones permanece inacabada e inefectiva, en gran parte debido a la falta de cooperación de las plataformas digitales en facilitar el acceso a los datos de los anunciantes. La efectividad futura de la regulación depende del éxito de las presiones puestas por los actores públicos sobre las plataformas para conseguir el acceso a los datos y el cumplimiento normativo, una batalla que en Europa se juega ahora a nivel de las instituciones de la UE.