Desde hace ya casi cinco años, Uruguay y Argentina están involucrados en un conflicto nacido a raiz de preocupaciones acerca de los potenciales efectos sobre la salud humana y el ambiente fluvial de la instalación de dos plantas productoras de celulosa sobre la ribera uruguaya de su río fronterizo. Inédito por su duración y nivel de tensión, este conflicto de carácter local en sus comienzos cobró una importancia nacional en ambos países. El gobierno argentino denuncia la violación de normas internacionales por su par uruguyao, el cual exige que se levante el corte permanente del puente transfronterizo por parte de habitantes de la ciudad de Gualeguaychú. Se puede observar a través de este conflicto la complejidad de los movimientos sociales argentinos contemporáneos, y su capacidad para influenciar profundamente la acción del gobierno en el tema ambiental. Quedan en evidencia las dificultades existentes para la formación de una agenda ambiental común a los países del MERCOSUR, particularmente en lo referido a la definición de normas comunes de regulación de las mega-inversiones agrícolas y silvícolas que transforman profundamente los territorios de la región.