El tratamiento del paramilitarismo en Colombia ha oscilado entre lo político y lo penal, en relación estrecha con la evolución del conflicto interno. Este artículo analiza las recientes negociaciones llevadas a cabo por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) con los grupos paramilitares. Después de un recuento del sendero de dependencia que determinó este episodio histórico, se analiza la utilización estraté-gica que los diferentes actores hicieron de las categorías judiciales. Se muestra cómo estas categorías –criminal de guerra, delincuente político, narcotraficante, etc. – no dependen de la naturaleza intrínseca del actor armado, sino que son construidas en un proceso conflictivo hecho de luchas materiales y simbólicas. La capacidad de categorizar las violencias privadas, entre legítimas o ilegítimas, políticas o criminales,