En la década de los 80, America Central fue uno de los escenarios de la guerra fría que se tradujo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua por guerras civiles, represiones militares y altos niveles de violencia política. Pero en ambos casos, la situación bélica fue resuelta por procesos negociados que establecieron, por una parte, el final de los enfrentamientos armados, la desmovilización de las guerrillas y la reducción de los ejércitos, y, por la otra, reformas institucionales que permitieron al conjunto de los actores políticos participar en las contiendas electorales. El balance que se puede hacer de estos procesos es bastante contrastado: del punto de vista militar e institucional, los tres países viven hoy en día en una situación de paz y de respecto de la pluralidad política, con incluso posibilidades de alternancias a nivel local y nacional. Los asesinatos políticos han sido limitados, y a pesar de fuertes resistencias y de una implementación postergada de ciertos aspectos de los Acuerdos de paz, éstos han sido en general aceptados y respetados. Pero en un contexto de crecimiento económico estancado, los niveles de violencia “cotidiana” – es decir no relacionada a la existencia de una guerra o de una movilización política - se han disparado a tal punto de ser considerados como el principal problema de dichos países, y de producir más homicidios que en los años de la guerra civil. Las políticas implementadas por los gobiernos y la aceptación por parte de la sociedad de medidas ultra-represivas, que suspenden garantías y libertades constitucionales, muestran hasta que punto un alto nivel de violencia “cotidiana” puede amenazar las bases de democracias recientemente asentadas.