España fue durante mucho tiempo el país donde cientos de acusados, entre ellos brujas, fueron quemados en la hoguera. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que el número de ejecuciones de secuaces de Satanás fue muy reducido. Además, a partir del siglo XVII, una medida de la Suprema tendió a reconocer la ilusión de la brujería, pero esto no significó que desaparecieran las condenas. El objetivo aquí es examinar la continuidad de los procesos inquisitoriales por brujería y superstición en la época moderna tardía a través de la lente de la sentencia. Su contextualización dentro de los procesos será un preludio para cuantificar y valorar la severidad de los castigos impuestos por estos delitos en Aragón. Hay dos periodos contrastados: cuando, al comienzo de las persecuciones, los juicios concluían con la pena de muerte (principalmente en el siglo XVI), el número de causas instruidas aumentó constantemente a partir del siglo XVII (pero con sentencias más leves). Este segundo periodo es tanto más interesante cuanto que fue precisamente en esta época cuando otras naciones europeas dejaron de perseguir la brujería. ¿Cuáles eran los motivos de los jueces? ¿Qué interés podía tener la Inquisición en perseguir a brujos y supersticiosos cuando el organismo central sugería que todo era una ilusión? Las sentencias guiarán nuestras reflexiones, ya que revelan las cuestiones ocultas y manifiestas que impulsaron a la Inquisición en Aragón. La misión pastoral era la punta de lanza de los jueces: el objetivo era imponer el dogma y perseguir toda forma de herejía. Pero, aunque esta redención a los ojos de la religión no desapareció de facto, también podemos ver que las sentencias se dictaban con una perspectiva más social: tal o cual castigo pondría a un impostor fuera de peligro, o tal o cual sentencia era una forma de proteger a un individuo que había sido acusado falsamente. Por último, la brujería y la superstición dieron lugar a importantes conflictos jurisdiccionales, en los que la sentencia resultó ser un arma al servicio del Estado.