Este artículo se propone volver sobre dos acontecimientos importantes en las políticas estatales de gestión del pasado dictatorial en los países del Río de la Plata (Argentina y Uruguay). En Uruguay, la Comisión para la Paz, creada en 2000, y en Argentina, la conmemoración del 24 de marzo de 2004, suponen un cambio en la gestión de los conflictos heredados del pasado dictatorial. Por primera vez, los presidentes de estos países toman en cuenta la palabra de las víctimas y de sus familiares y se hacen cargo, en cierta medida, de sus reclamos. Si las iniciativas gubernamentales son muy distintas se percibe que los dos casos se basan en elementos -ley de Caducidad para Uruguay y políticas de Alfonsín y Menem para Argentina- muy anclados en las gestiones estatales pasadas. Al analizar estos dos casos paralelamente se trata de ver en qué medida los conflictos del pasado perduran en el presente y cómo se traducen en nuevos conflictos.