Los tribunales constitucionales funcionan como válvulas de seguridad, o como mecanismos de bloqueo, para el derecho internacional, incluso para el derecho internacional de las inversiones, que se incorpora en el orden jurídico interno. Recientemente tres tribunales constitucionales han sido objeto de atención por la importancia de sus decisiones, ya tomadas o todavía pendientes, para la política del Estado en materia de atracción y protección de inversiones internacionales, así como para el mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados a nivel multilateral. En particular, este artículo analiza el Dictamen 1/17 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de abril de 2019 sobre la compatibilidad del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados en el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra (CETA), con el derecho de la Unión Europea; dos sentencias emitidas por la Corte Constitucional de Colombia el 6 de junio de 2019 sobre la constitucionalidad del Acuerdo de inversión suscrito entre Colombia y Francia y sobre la constitucionalidad del Tratado de libre comercio (TLC) celebrado entre Colombia e Israel; y la acción de interpretación constitucional, que se encuentra pendiente de resolución en el momento de terminar de redactar este artículo, ante la recientemente conformada Corte Constitucional de Ecuador. El artículo propone que, aunque el derecho “nacional” no puede utilizarse como una excusa para evitar el cumplimiento del derecho internacional, las sentencias de algunos tribunales constitucionales establecen los términos bajo los cuales un Estado, o una organización internacional en el caso de la Unión Europea, puede asumir obligaciones a nivel internacional. Estos tribunales están entablando un diálogo institucional que puede tener efectos profundos en la redacción de futuras normas internacionales en materia de inversiones, incluso más allá de la jurisdicción del tribunal en cuestión.