La protección del medio ambiente del Mediterráneo parece ser un caso especial, tanto desde el punto de vista del Derecho general y particular, pero, sin duda, se puede utilizar como modelo. Bajo el Derecho general, el Mediterráneo es un mar cerrado y ya no existiría el alta mar, si los Estados ribereños decidieran extender su jurisdicción sobre las aguas supradyacentes. Pero el Mare Nostrum es, precisamente, el único en el mundo donde los Estados siguen siendo renuentes a extender su jurisdicción de conformidad con la CONVEMAR y, en general, todavía no han proclamado las zonas económicas exclusivas. A nivel regional, el Plan de Acción para el Mediterráneo y el Convenio de Barcelona y sus Protocolos constituyen el sistema más completo que se haya adoptado como Programa de Mares Regionales en el ámbito del PNUMA. Además, es el único sistema marítimo regional que ha proporcionado a los Estados costeros una base jurídica para la protección del medio ambiente en alta mar, gracias al Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo. Sin embargo, la protección del medio ambiente mediterráneo puede y debería ser mejorada para ser más operativa y eficaz, gracias a la proclamación de las zonas de protección de la biodiversidad y de acuerdo con un enfoque de patrimonio común, que concilie la responsabilidad de los Estados conciliación y la gobernanza compartida.